Consumidores Argentinos

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Legislación

¿Qué leyes protegen al consumidor?

Los derechos del consumidor están reconocidos en la Constitución Nacional como parte de los derechos humanos.

El artículo 42 de la Constitución dispone que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control.”

La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, su modificatoria, Ley 24.999, el Decreto Reglamentario 1798/1994 y las normas que regulan materias complementarias tales como las leyes de Lealtad Comercial (22.802) y de Defensa de la Competencia (25.156) completan el denominado Estatuto del Consumidor. Creo que aquí convendría explicar qué es el estatuto. No me queda claro si es un estatuto de verdad o sólo un conjunto de leyes que se llaman estatuto.

La Ley de Defensa del Consumidor:
La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, en vigencia desde el año 1993, tiene por objeto la tutela de consumidores y usuarios, la parte considerada más débil o vulnerable en los tratos y operaciones que realizan ordinariamente con proveedores de bienes y servicios.

En caso de duda sobre que norma deba aplicarse, el criterio interpretativo será siempre el de optar por aquella que resulte más favorable a los intereses del consumidor.

Contrato de consumo
En términos generales, cada vez que adquirimos un bien o un servicio, pagando por ello, de un proveedor profesional (comerciante, empresario, productor o distribuidor) para nuestro uso personal o de nuestra familia – es decir, dándole un destino final de uso o consumo propio- estamos celebrando un contrato de consumo.

A este tipo de relaciones jurídicas le es aplicable, en principio, el sistema protectorio de la ley de defensa del consumidor. El sistema apunta a prevenir desequilibrios excesivos, teniendo en cuenta la escasa o nula posibilidad de negociación que existe para el consumidor en las contrataciones modernas, de carácter masivo, con condiciones generales y cláusulas predispuestas que reducen las alternativas de la parte más débil a la mera aceptación o negativa del contrato.

La ley determina cuales son las prestaciones sobre las que debe versar el contrato para que sea un contrato de consumo: -Adquisición o locación de cosas muebles. -Prestación de servicios -Adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda.

Capítulos principales de la Ley 24.240: (mover más arriba?)

Otros puntos importantes de la protección legal son los referidos a:

Información: Se debe brindar al consumidor una información adecuada, veraz, objetiva y suficiente sobre los productos o servicios que se le ofrezcan.

Tratativas: El consumidor está protegido aún antes de haber celebrado un contrato de consumo. en la etapa previa, que incluye las ofertas publicas, la publicidad y el marketing en general se fijan límites a proveedores, previniendo posibles abusos. por ejemplo, se establece que lo que la publicidad afirma o precisa obliga al proveedor u que las ofertas publicas deben expresar plazo. durante ese tiempo el proveedor no puede rehusarse a contratar y debe contar con stock suficiente.

Posibilidad de arrepentirse: En las denominadas ventas domiciliarias (concretadas en el domicilio del consumidor o en su lugar de trabajo), o por medios postales, telefónicos o electrónicos , se concede al consumidor la facultad de desistir de la operación dentro de los cinco días de recibida la cosa o celebrado el contrato.

Seguridad: La protección de la salud y de la seguridad física del consumidor exige un adecuado control de la fabricación y presentación de los productos y servicios en el mercado.

Garantías: Las cosas muebles durables que adquirimos como, por ejemplo, los electrodomésticos, gozan de una garantía legal por un plazo de tres meses, aunque no haya constancia escrita que lo indique. Ese plazo mínimo puede ser extendido por el fabricante o vendedor, pero no reducido.

Si un bien que ha sido reparado dentro del plazo de garantía sigue sin cumplir adecuadamente su destino el consumidor podrá optar por: a) devolverlo y pedir la restitución del dinero pagado; b) solicitar una cosa equivalente en reemplazo; c) pedir una disminución del precio pagado.

Servicios públicos: Se exige a las empresas prestatarias reciprocidad en el trato para con el usuario. Esto implica, por ejemplo, que los reintegros o devoluciones que se le reconozcan se integraran del mismo modo que los cargos por mora (tasa de interés, etc).

Créditos para adquirir cosas: Son anulables las operaciones que no indiquen el precio de contado, el saldo de la deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, los demás gastos que hubiere, la cantidad de pagos que deberá realizar el consumidor, su periodicidad, adicionales y gastos extras que hubiere y el monto total financiado a pagar.

Cláusulas abusivas: No tienen validez frente al consumidor las cláusulas incluidas en los contratos que suscriba que, por ejemplo, signifiquen renunciar a derechos que le son reconocidos por la Constitución Nacional o la ley 24.240 y sus complementarias; o que limitan la responsabilidad del proveedor respecto de eventuales daños.

Responsabilidad por daños: El consumidor que sufre un daño a raíz de la prestación de un servicio, o por el riesgo o vicio propio de la cosa adquirida, está facultado a dirigir sus reclamos contra el proveedor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El proveedor sólo se libera de responder si demuestra que es ajeno a la acusación del daño.

Las asociaciones de consumidores: Entre algunos de sus objetivos se enumeran los de informar, atender a los consumidores y velar por sus intereses En relación a ello, intermedian proponiendo soluciones amigables entre las partes en conflicto..

Además, las asociaciones de consumidores están legalmente facultadas para divulgar investigaciones y todo tipo de información de interés para el consumidor; promover la educación para un consumo responsable; colaborar con organismos e instituciones para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor y realizar cualquier otra actividad tendiente a la protección de los consumidores.

Finalmente, tanto la Constitución Nacional (art. 43) como la Ley 24.240 las autoriza a representar los derechos de consumidores en acciones judiciales cuando sus intereses se encuentren objetivamente afectados o amenazados.

Última modificación: 30 de noviembre de 2007 a las 16:06
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